Nueve de los 17 alcaldes acusados de corrupción mantienen su cargo

A continuación os dejamos una noticia del diario burgués información. Es algo que ya se sabe, donde hay políticos y dirigentes hay corrupción, pero el caso del País Valencià y en concreto la costa es escandaloso.

La preocupación de los ciudadanos de la Comunidad por la corrupción es relativamente baja. Lo atestiguan las encuestas y lo confirman las urnas cada cuatro años. Los dirigentes políticos inmersos en escándalos judiciales suelen salir indemnes de su cita con las urnas e incluso reforzados. Cumplido el primer tercio del mandato surgido de las elecciones del 27 mayo de 2007, nueve de los 17 alcaldes que tuvieron problemas judiciales en los años anteriores, y cuya situación en los tribunales en muchos casos aún no se ha resuelto, mantienen la vara de mando. Trece de ellos, es decir el 72%, logró un apoyo similar o mayor al que tenían.

De la casi veintena de alcaldes y dirigentes que durante la pasada legislatura fueron objeto de acusaciones o imputados por presuntos delitos de corrupción -la mayoría relacionados con la ordenación del territorio- sólo cuatro perdieron la alcaldía en las urnas, mientras que otros dos decidieron abandonarla tras el primer año al frente del consistorio. Primero lo hizo el alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, imputado en varios delitos, pero que logró la condición de aforado como senador por designación autonómica. Le siguió el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, cuyo caso fue archivado.
La relación de escándalos judiciales en la Comunidad Valenciana ha sido elaborada por la Fundación Alternativas a través de un informe que cita a los 133 alcaldes o miembros significados de gobiernos con problemas judiciales durante la pasada legislatura en toda España. De esos 133 casos que el estudio "La democracia en España" recoge hay 18 de poblaciones de la Comunidad Valenciana -incluido el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra-, cuatro en Valencia, dos en Castellón y 12 en Alicante. Muchas de las acusaciones siguen pendientes de resolución, y otras quedaron archivadas.

El informe concluye que el 70% de alcaldes o dirigentes acusados permanece en su cargo, una cifra que en la Comunidad Valenciana es mayor ya que alcanzó el 72%. Otra de las conclusiones es que las provincias costeras se llevan la mayoría de los escándalos, especialmente en el litoral mediterráneo andaluz y valenciano. Andalucía se lleva casi la mitad con 54 de 113. La Comunidad Valenciana es la segunda con 18 escándalos judiciales. Les siguen Madrid, Galicia, Canarias y Baleares.Los casos analizados afectan en su mayor parte a cargos del PP, 12 de 18, en cuatro casos el dirigente era del PSPV, en uno de EU y en otro del Bloc.

Reforzados
La mayoría de los populares mantuvieron la alcaldía al igual que el del Bloc, que incluso sumó concejales mientras tres socialistas perdieron adeptos y la alcaldía, al igual que el de EU. Los que más reforzados salieron pese al proceso judicial abierto fueron los alcaldes de Nàquera (PP) que logró un 5,8% más de voto, el de Bigastro (PSPV, 7,2% más), el de Ribarroja (PP, 4,6%) o el de Xàbia (Bloc, 4,1%). También mantuvo la alcaldía el primer edil de Torrevieja, Pedro Hernández, del PP. En cambio perdieron apoyo pero siguieron como alcaldes el de Zarra (ex PSPV) y el de Benissa (PP) y se hundieron en las urnas el ex alcalde de Sueca (PSPV) y el de Petrer (EU). En Orihuela, Mónica Lorente tomó el relevo a su antecesor, José Manuel Medina, también acusado de corrupción.