Compartim aquests textos que ens pareixen interessants per al debat que està havent sobre els incendis de les comarques valencianes i castellonenques. Aquestos textos són tracten d’algunes reflexions arran els incendis de Guadalajara i el Valle del Tiétar, però poden servir per analitzar els fets actuals.

Comunicado sobre el incendio de Guadalajara y los incendios.

“En la época a que me refiero en que los montes no estaban completamente como ahora sometidos a la acción del Gobierno central, los pueblos, como más inmediatamente interesados en su conservación y más amaestrados por la experiencia en los medios de realizarlo, conforme a las circunstancias de cada comarca, procedían de un modo más sencillo, económico y equitativo, muy diferente del que ahora se emplea en virtud de órdenes emanadas de una oficina regida por personas que sólo por el mapa o por un plano conocen el monte de que se trata.”

"El ICONA no va a proteger la naturaleza, la va a reservar para que la disfruten unos pocos, convirtiendo la sierra en un museo caro, fotogénico y folklórico a costa del éxodo de sus habitantes, a los que previamente se ha despojado de sus medios de subsistencia."

Según los periódicos que dan cuenta de lo ocurrido, el incendio de Guadalajara fue obra del descuido de unos imprudentes domingueros, propiciado por la sequía y sin obstáculo por la falta de medios. He ahí, según el masoquismo intelectual de la época, la tríada causante del fuego que arrasó más de 12.000 hectáreas y acabó con la vida de 11 personas.

La respuesta institucional a un problema tan mal planteado de antemano no podía ser otra que reforzar la política forestal vigente, haciendo hincapié en la necesidad de más medios técnicos, la profesionalización de los agentes y el aumento presupuestario -medidas todas acompañadas, qué duda cabe, por el látigo del Código Penal en esa materia-. Una vez más en la larga historia de la política forestal española, el camino emprendido por la reacción institucional y sus asalariados será el de la sistematización continua del error.

Sin embargo, quien quiera apartarse del espejismo tecnocrático de tan nefasta política, y escuchar las voces olvidadas de algún anciano de pueblo podrá entonces juzgar la amplitud del problema, y ver que el razonamiento institucional sólo está avalado por la ignorancia o la hipocresía.

Antaño, cuando los parajes naturales eran todavía los paisajes de una vida rural en relación directa con su entorno, ¿por qué no se quemaban tantas hectáreas -con muchos menos medios, cabe precisar, y ni siquiera una movilidad motorizada-? ¿Por qué el monte no se había convertido aún en la verdadera pólvora que es actualmente? La respuesta es sencilla: pastores, leñadores, resineros, todas gentes del pueblo que sacaban su principal fuente de energía del bosque, y cuya economía quedaba limitada por los recursos locales y en menor proporción por una pequeña economía de mercado, habían establecido con su entorno una singular relación, conformaban con él un ecosistema más o menos equilibrado. Los bosques eran limpios, transitables y poco propicios a convertirse en pasto de las llamas. ¿Qué ha ocurrido para que todo esto haya desaparecido y que sólo quede en su lugar un problema inaudito? La ampliación de una economía de mercado (nacional, pronto internacional), la maquinización creciente de varios sectores de la producción (incluida la agricultura), la galopante urbanización del territorio, el desarrollo desenfrenado de la locomoción motorizada y, en fin, como sostén de todo lo anterior, un consumo energético sin precedentes en la historia de la humanidad basado en el descubrimiento y la explotación de los hidrocarburos, han sentado las bases del desbaratamiento del modo de vida rural. Pero la industrialización de la sociedad no lo puede explicar todo, ya que a veces es tanto causa como consecuencia del abandono del campo.

El mayor ataque, prolongado a lo largo de varios siglos, que han sufrido las comunidades rurales, ha sido ante todo político e ideológico. Quien se atreva a mirar a la historia sin prejuicios progresistas y a ceñirse a los hechos, descubrirá que el campo ha sido el escenario de dos guerras: la del Estado contra el Municipio, esto es, de un poder centralizador, usurpador y parasitario contra la autonomía local y la propiedad comunal; y la de la ciudad contra el campo.

La perniciosa y tenaz pugna del Estado contra las comunidades rurales se ha plasmado en una legislación cada vez más contraria a los derechos consuetudinarios de éstas, en el quebrantamiento sistemático de sus aprovechamientos comunales, y en una falta a la justicia distributiva. Los Intendentes de Marina en el siglo XVIII, la Guardia Civil y el cuerpo de ingenieros forestales a partir del siglo XIX, cuyos planteamientos sólo podían ser estatistas, han representado los medios burocráticos y represivos para borrar del mapa ibérico la persistente existencia de un modelo de vida contrario a sus ensoñaciones de omnipotencia.

Por lo que respecta a la ciudad, ésta ha cargado el peso de sus necesidades cada vez mayores y superfluas sobre el campo: del abastecimiento de alimentos, carnes, minerales, madera hasta su ansía de ocio consumista.

La ideología se encargó de lo demás: primero la ideología liberal promovió la privatización de las tierras según su disparatado y santo principio de propiedad individual e interés particular, y la monetarización de la economía; luego, la aplastante propaganda de masas promovió los valores y hábitos urbanos, el afán consumista y logrero, la manía progresista y una aculturación descomunal. Sólo un bizco masoquista podría ver en los logros de la modernidad (su confort tecnológico, su régimen político) algo semejante a una cultura responsable y respetuosa con su entorno.

Es del todo aberrante y deprimente ver cómo los autodenominados expertos y especialistas ignoran o escoden su responsabilidad histórica detrás de una profesionalidad complaciente, afín por esencia al programa devastador de la sociedad capitalista e industrial. Al fin y al cabo, son funcionarios o agentes sociales subvencionados por el Estado. En este sentido, sus propuestas y exigencias son inconfundibles: quieren más medios técnicos, profesionalización y parques naturales.

La sociedad hoy se vuelca en la magnificación de los medios para actuar en una situación de alarma. Como en el caso del hundimiento del Prestige, se insiste en la insuficiencia de los medios técnicos para paliar el desastre. Y esta fatal insuficiencia sirve para animar el despreciable regateo entre políticos, periodistas y diversos representantes públicos. Se difunde tal cantidad de informaciones, disparates y críticas confusas que la verdad pasa a ser un puro exotismo incapaz de romper los altos muros de los discursos de aquellos que viven de la mentira. Y el discurso del aumento de los medios en las esferas públicas nos lleva al discurso de la profesionalización de los trabajadores de la campaña de extinción. No es otra cosa lo que pedían los trabajadores de los retenes contra incendios en la improvisada asamblea que tuvo lugar en Cogolludo (Guadalajara) la noche del 21 de julio: formación, profesionalización, mejores sueldos, mejores condiciones, más seguridad. Es decir, ampliación del dispositivo técnico y profesional, siempre externo al ámbito de las causas reales de los incendios y la devastación ecológica. No podía ser de otra forma. La sociedad podrá seguir sistematizando y mejorando sus medidas de choque contra los males que ella misma promueve, pero es incapaz de descabalgar esta ola de destrucción que está en el corazón mismo de su delirio económico.

Por otra parte, resulta tristemente irónico que en el último número de julio de 2005 del boletín del Parque Natural del Alto Tajo, las autoridades se congratulasen del aumento de subvenciones concedidas a los Ayuntamientos. Ahora tendrán que rehacer las cuentas. Pero, a la larga, seguro que incluso el incendio le reportará a algún alcalde alguna inconfesable alegría, pues con la declaración de zona catastrófica, volverán a llover las subvenciones. No dudamos de la buena fe de las autoridades locales, lo que nos inquieta es su visión del mundo, la cual comparten con los líderes centrales y la mayoría bienpensante. En la mentalidad mítica de alcaldes, concejales y agentes de desarrollo local la riqueza está representada únicamente en forma de mágicas subvenciones, pronto han aprendido que la única forma de defender la naturaleza es viviendo de ella a través de su devastación ralentizada y sostenible. Y en cuanto a la historia de los modos de vida anteriores de la comarca, parece ya imposible probar su existencia fuera de la catalogación etnográfica. Así, hablando por ejemplo de los chozones pastoriles de la zona, se puede leer en el mismo boletín: “A partir de los años sesenta del siglo pasado, la fuerte caída de la actividad económica del Alto Tajo produjo una migración masiva hacia las capitales de provincia. Esto repercutió inmediatamente en el mantenimiento de los chozones”. Pero esta constatación no debe, según estos técnicos de la conservación, llevarnos más allá, para evitar, tal vez, que el mero deseo de restaurar lo muy antiguo vaya a ser remplazado por una necesidad imperiosa de destruir lo muy moderno.

Por último, el colmo de tan desastrosa política conservacionista se alcanza con la creación de espacios naturales o Parques, que forman parte de la fantasía urbana. Lugares donde ya no vive nadie, ya que en la historia de los paisajes de esta nueva naturaleza interpretada se han borrado los perfiles humanos (campesinos, leñadores, pastores) y sólo quedan en pie los postes coloridos de la información del medioambiente gestionado. Y es así como el espíritu de la moderna conservación protege sobre todo la naturaleza deshabitada, espacio abstracto al que nadie podrá regresar si no es como visitante autorizado. La naturaleza intocable del Parque protegido se corresponde de manera exacta con el saqueo industrial y tecnológico del mundo vivo. Un tipo de sociedad que ya no conserva ninguna práctica concreta, realizada en común, y en contacto directo con la naturaleza para obtener ventajas materiales del medio sólo puede producir individuos que sienten una total indiferencia por dicho medio o, como mucho, que desarrollan una pasión exótica por la naturaleza salvaje, progresivamente museificada.

El fuego hoy destruye los inmensos decorados de la nueva naturaleza interpretada que son los parques protegidos; en ningún caso destruye la espléndida naturaleza salvaje de otras eras, ni los espacios convivenciales de la cultura campesina, todo ello ya sepultado bajo siglos de pragmatismo económico y tecnológico, de estatismo triunfante. El dogma de la conservación ha ayudado a destruir mentalmente la naturaleza que ya había empezado a ser eliminada físicamente por los abusos y disparates de los tiempos modernos. Porque si hay algo que se le escapa a nuestra sociedad es precisamente la capacidad de conservar cualquier cosa. Por el contrario, dotados de su valor de uso en una sociedad de escala reducida y fundada básicamente en la autoorganización, los montes, bosques, dehesas y pastos eran aún la sustancia de una responsabilidad colectiva, no demagógica ni fantasmal. El conservacionismo de los montes que se promueve hoy desde las instituciones oculta la verdadera pesadilla de todos los Estados de todas las épocas: los bienes comunes y la posibilidad de la autoorganización.

En realidad, poco podrán hacer quienes han tenido como condición previa de su trabajo el despoblamiento del campo y siguen considerando éste como res nullius, un territorio vacío. Poco podrán hacer biólogos, ecologistas, forestales y sindicalistas para frenar la devastación de los montes, el avance de la erosión, la sequía y los incendios. Las subvenciones cuantiosas, los medios técnicos, las mejoras profesionales, y los planes de revitalización económica que se les promete no ayudarán en absoluto a recuperar el rostro perdido de una sociedad en paz con su entorno. Es más, precipitarán su definitiva destrucción pues su presupuesto, como hemos dicho, es el de la conservación de la naturaleza separada de la vida social.

Ahora bien, nuestra sociedad se encuentra frente a una encrucijada casi insuperable: o bien seguir su rumbo catastrófico en gran medida ya irreversible (desertización, pérdida de la biodiversidad y la fertilidad, cambio climático, agotamiento de los hidrocarburos, etc.), o bien apostar por volver a una vida material limitada cuyo modelo se encontrará más en la sociedad rural tradicional que en la improbable sociedad sostenible de los cantamañanas ecologistas. ¡Toda una involución histórica! ¡Todo un sacrilegio para la mente progresista!

Sin embargo, ¿qué remedio nos queda? A los que tachen de nostálgicos a los autores de estas líneas, les invitamos a leer las observaciones y conclusiones de un libro publicado por el mismísimo Ministerio de Medio Ambiente (del que no podemos sospechar ninguna intención revolucionaria). En La Seca, el decaimiento de encinas, alcornoques y otros Quercus en España (2004), los autores apuntan, entre otras causas como el suelo y el clima, el abandono del manejo silvícola tradicional, y se atreven a señalar como única solución con sentido común (aunque lamentando enseguida su imposibilidad en la situación actual) la vuelta a un régimen agro-silvícola tradicional.

Pero cabe preguntarse: ¿dónde están los hombres y mujeres dispuestos a emprender el camino de la reapropiación, la vuelta a una economía local limitada? Es cierto, la realidad es aterradora: la hipnosis social ha alcanzado pautas de ceguera insospechables. Todo el mundo ha quedado obnubilado por el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico. Todos miran a otra parte cuando se trata de asumir el funcionamiento mortífero del sistema. Pero pronto, no tendrán dónde dirigir la mirada, pues todo a su alrededor se habrá convertido en un desierto. Hasta el mundo rural mismo se ha convertido en el reflejo deforme de lo que sucede en las ciudades.

No cabe otro remedio que constatar la doble desposesión de los individuos:

1) la que se refiere a un estado de aceptación de la situación existente;

2) la que se refiere a la pérdida de las bases materiales que permitían un cambio radical hacia formas de organización distintas de las actuales, pues la economía de autosubsistencia desapareció, y con ella, el entorno natural que la posibilitaba.

¿Qué hacer si de entrada estamos abocados a la desesperación o a la utopía?

La sociedad ideal por la cual apostamos debe ser la respuesta a la pregunta siguiente: ¿cómo conjugar un respeto al medio natural con una economía local limitada en su consumo de recursos propios y ajenos, no intervenida por políticas ajenas, y no alienada (en la medida de lo posible) por un mercado exterior? Ahora bien, podemos preguntarnos: ¿qué tipo de libertad humana se puede defender en el marco de una sociedad con una economía voluntariamente limitada? Cabe esperar que la elección (individual o colectiva) de condiciones materiales limitadas afectaría al régimen de libertad tal como lo entiende la mente moderna y progresista. Todo apunta a pensar que se reduciría cuantitativamente el abanico de posibilidades de la actividad humana; sin embargo, esta pérdida podría revertir en una concentración mayor sobre la cualidad de la experiencia humana. Frente a la encrucijada que hemos señalado, esto es lo único que motiva nuestros esfuerzos.

Sólo nos queda recuperar las bases materiales a nuestro alcance, recuperar el control de nuestras condiciones de vida (limitada y austera), de los intercambios entre nosotros y con la naturaleza. Sólo nos queda contar con nosotros mismos y los pocos que querrán emprender el camino de la reapropiación. En la medida en que el bosque y el monte puedan volverse de nuevo una fuente de vida y de energía para tales pequeñas comunidades, sólo nos queda arrancarlos de las manos de los gestores del desastre, de la rurbanización, del turismo. En resumen, sólo nos queda aprovechar cualquier oportunidad para poner freno a la cultura del desierto fomentada por el modo de vida actual.

LOS AMIGOS DE LUDD

Verano de 2005

SOBRE EL INCENDIO QUE ARRASÓ EL VALLE DEL TIÉTAR

Si se aspira a que una catástrofe como el incendio que arrasó una parte importante del valle del Tiétar el pasado 28 de julio no vuelva a repetirse, se impone, antes de nada, una reflexión sobre los diversos aspectos del suceso. Dejaremos de lado aquí cuál pueda haber sido el origen del fuego y todo lo relativo a lo que parece su probable carácter intencionado. Tampoco se ocupa este escrito de las circunstancias «ambientales» relativas a la prevención de los incendios, como el tema «pinos frente a bosque autóctono», «limpieza del monte», etc., y tampoco se hablará aquí, por ejemplo, de los criterios que se deban seguir para la recuperación de las zonas afectadas, te-mas que exigirían otras tantas reflexiones independientes.
La perspectiva de este escrito se limita estrictamente a la forma en que se actuó en el pro-ceso de la extinción y a algunas de las medidas que se tomaron para apagar —o, mejor dicho, pa-ra no apagar— un fuego que atravesó libremente y en repetidas ocasiones caminos, carreteras y cortafuegos, un día en que no hacía demasiado viento, en lo que resultó ser un ejercicio de in-competencia difícilmente superable. Tampoco se pretende buscar responsabilidades personales (independientemente de que pudieran existir y de que sea pertinente hacerlo) sino ahondar en las motivaciones subyacentes de las decisiones adoptadas.
Entre esas decisiones hay dos, con muy distinta incidencia sobre el desarrollo global del fuego pero de idéntica naturaleza y, de algún modo, indisociables, que parecen particularmente significativas: la prohibición de acceder al incendio a los numerosos voluntarios que se ofrecían a colaborar y la evacuación forzosa de los residentes en la zona. Aunque la segunda de ellas —es decir, la evacuación— pueda tener una relevancia muy escasa o nula en cuanto al desarrollo glo-bal del incendio, no deja de ser cualitativamente importante por lo que significa y por afectar vi-talmente a un número nada despreciable de personas.
En efecto, la evacuación forzosa es, por encima de todo, una injerencia inadmisible en la libertad individual, propia de un Estado totalitario, y una negación flagrante del legítimo derecho de toda persona a defender lo que es suyo y, más en particular, su vivienda y su tierra. Análoga-mente, la prohibición a los voluntarios de participar en las labores de extinción —circunstancia que sí fue decisiva en la propagación del fuego— es, aparte de un ridículo acto de arrogancia y de paternalismo por parte de los organismos oficialmente encargados de la extinción, una actitud idénticamente atentatoria contra la colectividad, en tanto que prohibición a todo un pueblo de de-fender la tierra que legítimamente le pertenece y a la que pertenece. El acto es tanto más patético cuanto que entre el voluntariado se contaban personas con sobrada experiencia en este tipo de sucesos y con un conocimiento concreto del terreno, absolutamente esencial en la extinción de un incendio, conocimiento del que demostraron carecer por completo no sólo las brigadas llegadas de otras comarcas más o menos próximas (lo que es, naturalmente, comprensible) sino también todo el personal «oficialmente» encargado de la extinción, en particular quienes se encontraban al mando de las operaciones.
Ahora bien, estas dos medidas, más allá de las personas concretas que las pudieran dictar, están sustentadas en unas actitudes sociales hoy en día generalizadas, que es preciso poner de manifiesto, tanto más cuanto que, probablemente, sean inconscientemente apoyadas, en mayor o menor medida, de forma tácita o expresa, no solo por quienes puedan aprobar la gestión de la ex-tinción sino también por muchos de quienes la critican.
Básicamente, parece haber cuatro razones de fondo —o, al menos, relativamente de fondo— detrás de las dos medidas mencionadas.
1) La ilusión tecnológica. Es decir, la difundida creencia de que la tecnología lo resuelve todo y de que, en este caso concreto, la extinción del fuego podía encomendarse básicamente a aviones y helicópteros. Sin duda la imagen de un grupo de paisanos con azadas y rastrillos debió de parecer a nuestros tecnologizados políticos vergonzante y «tercermundista» (la peor ofensa que en el ámbito político se le puede hacer a cualquier institución de nuestro mundo tan orgullo-samente «moderno y democrático»); sin embargo, cualquier persona con una mínima experiencia en incendios forestales sabe que la realización de cortafuegos, por ejemplo, es una tarea absolu-tamente esencial, y que solo una masa humana considerable tiene la movilidad y la capacidad su-ficiente para hacer un cortafuegos de una longitud importante en escasos minutos, tarea de todo punto irrealizable por unos pocos bomberos por muy cualificados que se los suponga y por mu-cha tecnología de la que dispongan.
2) La especialización de las funciones sociales. Vivimos en una sociedad que ha decidido —es decir, en la que la inmensa mayoría de sus ciudadanos ha decidido o, al menos, acepta— que todas las funciones colectivas que en una sociedad normal debería asumir personalmente ca-da cual, ya fuere de forma individual o grupal, sean asumidas ahora por personal especializado al servicio del Estado o de grandes empresas. Todas las actividades esenciales de la vida a través de las cuales el individuo se mantiene en relación directa y real con el mundo —con el cosmos, pro-piamente hablando: construir o cuidar la casa en la que vive, conseguir o cultivar los productos con que se alimenta, confeccionar las ropas con que se cubre, cortar la leña con la que se calienta, etc,— y que pueden contribuir decisivamente a dar sentido a la existencia, tienen ahora un carác-ter estrictamente funcional y son asumidas por macroentidades de carácter anónimo y desperso-nalizado. El ciudadano trabaja (suponiendo que pueda hacerlo) en una actividad habitualmente impersonal, ajena por completo a su vocación existencial, cobra un dinero y, paga, de un modo u otro, para que otros se encarguen de las actividades que normalmente deberían ocupar su vida y a través de las cuales se podría realizar como ser humano. En definitiva, paga para que otros vivan su vida por él, función para la que habitualmente se encuentra demasiado atareado y sin suficien-te tiempo disponible.
De este modo llega a contemplarse como algo completamente normal la especialización despersonalizante de todas las tareas básicas, una de cuyas consecuencias, por ejemplo, es que apagar el fuego que amenaza su tierra —tierra que, de no haber sido reducida a la mera condición de «medio ambiente» por el cientifismo ecologista, debería tener para él un valor sagrado— no sea un asunto vital en el que se encuentra existencialmente implicado de forma natural e inevita-ble, sino un problema técnico del que deben ocuparse exclusivamente los especialistas designados por la burocracia estatal.
3) La obsesión paranoica por la seguridad. Nunca a lo largo de la historia, hasta la apari-ción de la sociedad industrial, se había llegado a poner en peligro de forma global, como ahora, la existencia de la vida en el planeta. Es probablemente esta nueva situación la que, a través de una red de mecanismos intermedios, acaba generando en los individuos, a modo de defensiva com-pensación, la obsesión paranoica por la seguridad, que actualmente comparten la inmensa mayo-ría de los habitantes del llamado primer mundo. Parece que dentro de poco va a ser obligado ase-gurar hasta el bolígrafo que uno lleva en el bolsillo, circular por las calles con mascarilla perma-nente —haya o no haya gripe— y esterilizar la vajilla antes de cada comida.
En la medida en que las múltiples amenazas que la actual forma de vida implica son in-discutiblemente reales, esa obsesión podría tener su justificación y su eficacia si hubiera sido en-cauzada de una manera no neurótica y siempre que por el camino no se hubiera perdido lo esen-cial. En efecto, se olvida que el gran riesgo, la gran amenaza que el moderno sistema industrialis-ta proyecta sobre los que vivimos en él no es tanto de orden físico (con toda la importancia que esto pueda tener), cuanto prioritariamente anímico: lo que, por encima de todo, en estos momen-tos está en peligro de muerte inminente no es tanto el cuerpo como el alma, el alma de los indivi-duos y el alma de las colectividades, que perecen indefectiblemente en un sistema uniformizante que obliga a una existencia reductoramente física y cuantitativa, enajenada y despersonalizada. Así se promueven ridículas normativas que vigilan hasta el último detalle las esquinas de un ju-guete de plástico o que controlan la asepsia integral de unos alimentos plastificados, mientras se asfixia al planeta bajo millones de toneladas de basura inútil, subproductos de la fabricación de la basura «útil» entre la que diariamente nos movemos, y mientras los nuevos «ciudadanos respon-sables», muy preocupados por el uso de la mascarilla a la hora de pintar una puerta con titanlux, envenenan satisfechos sus inteligencias con la inmundicia intelectual que devoran cotidianamente a través de todos los canales mediáticos de la «sociedad de la información».
Esta maníaca y generalizada obsesión por la seguridad física —que se diría extrañamente combinada con un subliminal complejo de culpa que busca el suicidio colectivo—, y el pánico ante la posibilidad de asumir conscientemente ciertos riesgos específicos, explícitos pero natura-les, necesarios y relativamente menores, está probablemente, de forma decisiva, detrás de esa ne-gativa a permitir el acceso de los voluntarios al área del incendio.
4) El clima de inestabilidad generado entre la clase política por las responsabilidades su-puestamente derivadas de cualquier catástrofe. En efecto, la justa y necesaria búsqueda de res-ponsabilidades se convierte sistemáticamente en oportunista petición de dimisión de algún minis-tro y varios cargos políticos por parte de la oposición —sea ésta la que sea— cada vez que a la naturaleza se le ocurre la intolerable idea de asolar con un terremoto o una inundación un país democrático, dejando tras de sí la consiguiente estela de víctimas humanas. Al margen de que, dada la catadura de nuestro estamento político, toda dimisión es buena, es éste un mecanismo que el sistema sociopolítico vigente ha conseguido interiorizar hábilmente y con pleno éxito en los ciudadanos, para convencerles de que, cuando algo no funciona, la culpa es siempre de algún in-dividuo irresponsable o incompetente, pero jamás del propio sistema; menos todavía, una fatali-dad irremediable, inseparable de la precaria condición humana, posibilidad que la arrogante con-ciencia del homo technologicus ni siquiera se digna contemplar.
En definitiva, se puede criticar a las personas pero no poner en cuestión el orden estable-cido. De este modo, la crítica de los funcionamientos (actitud ahora propia de todo ciudadano bienpensante y progresista) reprime y abroga el derecho a rechazar la estructura (actitud propia de indeseables elementos antisociales). Esta institucionalización de una crítica blanda, por la que todo el mundo considera un deber protestar, reivindicar, acusar y pedir dimisiones a diestro y si-niestro, pero que jamás cuestiona el «orden» global, se une al apego al cargo; y, naturalmente, cualquier político se lo pensará dos veces antes de permitir una actuación que, por muy justa y necesaria que sea, caso de salir mal, podría costarle el puesto.
Este mecanismo se acompaña, por otra parte, de un argumento supuestamente «humanis-ta», pero en realidad radicalmente demagógico, en virtud del cual se proclama de manera cínica y pomposamente teatral que es preferible que se quemen miles y miles de hectáreas de bosque a que una persona corra el riesgo de perder la vida, como si ambas magnitudes fuesen comparables y como si no hubiese causas que justificasen la asunción de un riesgo que cada cual, por lo de-más, es libre de asumir o rechazar. Esta sobrevaloración ostentosa y descontextualizada de la vida humana no pasa de ser una expresión particular del superhinflado ego colectivo del hombre con-temporáneo.
En definitiva, es el modelo social ampliamente aceptado por la mayoría de la población y defendido con idéntico énfasis por todas las fuerzas políticas, de derechas y de izquierdas, el que se encuentra de forma directa y relativamente inmediata detrás de la ineficacia para apagar el in-cendio del valle del Tiétar. Búsquese, pues, si ha lugar, a los responsables inmediatos de tanta in-competencia, pero no se caiga en la ingenuidad de pensar que una mera sustitución de personas o partidos resolverá ningún problema.


En la consciencia de que los análisis teóricos no excluyen la propuesta de medidas con-cretas (lástima que, a la inversa, quienes con mentalidad supuestamente pragmática y eficiente dicen ocuparse «críticamente» de lo urgente jamás tengan tiempo para ocuparse de lo esencial), se hace desde aquí un doble llamamiento a la población para que en futuras ocasiones, es decir, de cara a futuros incendios que sin duda se producirán, se adopten dos medidas específicas con respecto a los temas aquí considerados, independientemente, claro está, de las que se puedan adoptar en relación a otros aspectos:
1. Resistirse individualmente de forma inflexible (que la resistencia sea más o menos pa-siva o activa quedaría a la decisión y el coraje de cada cual) a cualquier intento de evacuación forzosa e indiscriminada de quienes no quieran marcharse, de modo que, como mínimo, las «fuerzas del orden» tengan que sacar literalmente a rastras a los interesados.
2. Ignorar colectivamente, desde el primer momento, de forma tan resuelta y contundente como fuere necesario, todo intento por parte de los burócratas de turno (sean municipales, auto-nómicos o estatales, «progresistas» o «conservadores») de impedir o dificultar la legítima e im-prescindible acción de los voluntarios en las tareas de extinción, es decir, dar la respuesta que se merece a la totalitaria pretensión de conculcar el legítimo derecho de los hombres y mujeres de este pueblo a defender lo que es suyo.


Arenas de San Pedro, 16 de agosto del año 2009